El derecho al agua, sin discriminaciones, debe ser garantizado por el Estado porque es un derecho humano y así está reconocido, tal como lo define la Organización de Naciones Unidas -ONU-. Aunque  la provisión del servicio la realiza el sector privado; y si ése fuera el caso, no es lo mismo que  la gestión esté a cargo de la comunidad organizada, como las cooperativas.

Las cooperativas de agua se concentran en lugares con necesidades urgentes a diferencia de casi todas las iniciativas privadas que suelen considerar al agua como una mercancía más en el mercado. Se tiende  a reducir el número de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo. Más allá de los porcentajes, lo cierto es que en muchas comunidades rurales y pequeñas poblaciones el servicio no estaría garantizado si no fuera por la presencia de estas entidades.

Así es como la mayoría de las pequeñas localidades del país y algunas poblaciones grandes también se proveen de este vital elemento y acceden al servicio de agua de red a través de cooperativas que brindan el servicio allí donde el Estado nacional ni las grandes empresas llegan, ya que el servicio no es rentable.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más de la cuarta parte de las cooperativas del país se estima que el déficit de agua potable gestionada de forma segura alcanza al 20% de la población argentina, mientras que, en términos de saneamiento, el déficit llega al 44%. El detalle de dichas estimaciones se puede consultar en el Informe de coyuntura de Agua y Saneamiento elaborado por la DNAPyS junto a la Dirección Nacional de Transparencia -DNT-.

La calidad del agua potabilizada suministrada es considerada adecuada en términos generales para el uso doméstico e industrial, estimándose que más del 90 % de la población nacional recibe agua potable de acuerdo con los estándares de Salud Pública. En lo referente al saneamiento, los sistemas de recolección de las aguas residuales son insuficientes para manejar su creciente flujo.