Dada la situación coyuntural del cooperativismo eléctrico, que pone en peligro la prestación de los servicios esenciales a la población, se decidió realizar acciones para sensibilizar a los funcionarios en esta temática.

Con el fin de preservar la sustentabilidad del Sector, se decidió enviar una nota al Jefe de Gabinete, firmada por Luis Castillo, presidente de la CONAICE y José Álvarez, presidente de FACE con los siguientes requerimientos:

1-Se otorgue urgente audiencia, por la modalidad que se crea conveniente.

2-Se incluya, a las Cooperativas de Servicios Públicos como sujetos alcanzados por el DNU 332/2020, concordantes y modificatorios, y que en su inclusión se considere el porcentaje de cobrabilidad y no el facturado de cada cooperativa.

3-Se consideren los reclamos de diversas asociaciones sindicales, en el entendimiento de que las políticas salariales, deben ser readecuadas en el marco de la emergencia sanitaria imperante en el país, por el sostenimiento prestacional de los servicios esenciales.

La fundamentación:

-Incorporar como beneficiarios del DNU 332/20, concordantes y modificatorios, a las Cooperativas por cuanto las mismas se encuentran excluidas de los beneficios del decreto por realizar actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y porque el DNU 347/2020 creó un “Comité de Evaluación y Monitoreo” quedando establecido que el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros está facultado para decidir la procedencia y alcance de los pedidos que realicen las empresas para acogerse a los beneficios, previo dictamen fundamentado con base en criterios técnicos.

-Las cooperativas incrementaron gastos variables, por un lado y por el otro, el Aislamiento Social y las medidas impuestas por el DNU 311/20 han provocado que la cobranza haya caído a valores históricos y las pone con mayor necesidad de ser atendidas con los beneficios del DNU 332/20 que las empresas a las que se les prohibió operar normalmente.

– Congelamiento tarifario: El 21/12/2019 se puso en vigencia la Ley 27.541 que, entre otras medidas, facultó al Poder Ejecutivo nacional a mantener congeladas las tarifas de electricidad bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de la ley 24.065, por un plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días e invitó a las provincias a adherir a estas políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios y renegociación o revisión de carácter extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales.

-Como medida que agrava aún más esta situación, por Decreto N.° 14/20 el 03/01/2020 se dispuso un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascendió a la suma de $ 3.000 en el mes de enero de 2020 y, a partir del mes de febrero se le adicionó la suma de $1.000, quedando incorporado a partir de dicho mes la suma incremental de $4.000 por trabajador.

Sintetizando:

-Las Cooperativas han tenido que afrontar, con una inflación superior al 50% en 2019 la decisión del gobierno anterior de congelar desde fines de 2018 las tarifas a usuarios residenciales y en muchas provincias las de los usuarios no residenciales; además que por imperio de la Ley 27.541, a partir del 21/12/2019, se mantienen congeladas las tarifas a todos los usuarios finales por el plazo de 180 días, esto es, hasta el 18/06/2020.

-Con el Aislamiento Social a partir del 20/03/2020, disminuyeron actividades industriales y comerciales, con reducción de ingresos para las cooperativas y se incrementó la incobrabilidad por la falta de recursos de gran parte de la población, agravada por lo dispuesto por el DNU311/20, que dispuso la “abstención de cortes de servicios en caso de mora o falta de pago” por 180 días y que representan el 40% de usuarios a los que prácticamente no se podrá cobrar la facturación ya que luego de este período se permite a los beneficiarios acumular impagas tres facturas mensuales, las que serán financiadas a partir de octubre/20 en 30 cuotas.

-Nuestras 600 cooperativas eléctricas, deben hacer frente al pago de salarios de más de 12.000 trabajadores directos; pagar insumos para garantizar que el servicio esencial mantenga continuidad; pagar impuestos, entre ellos el IVA, qué, si bien se permite no pagar a los usuarios por tres meses consecutivos o alternados, las cooperativas deben pagarlos como si los hubiesen cobrado y pagar el suministro de la energía eléctrica a su proveedor – CAMMESA o la distribuidora Provincial-.

Además, hay reclamos salariales de los sindicatos que agrupan a nuestros trabajadores en medio de esta emergencia.

Otros puntos tratados en la Mesa del Cooperativismo eléctrico son:

-La inclusión de las Cooperativas Eléctricas en el programa de asistencia al trabajo y la producción y la necesidad de un plan de pagos de AFIP por compromisos impositivos son dos de los puntos centrales definidos por la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas.

-El pago de la factura de compra de energía a Cammesa y a las distribuidoras provinciales, principalmente los saldos deudores que van quedando sumado a los intereses y multas, es el otro tema que pusieron en agenda los dirigentes de las Federaciones integradas en la Confederación CONAICE y FACE.

-Sumado a eso la baja de la recaudación, entre otras cuestiones, motivó a los dirigentes de esta Mesa Nacional la necesidad de transmitir su problemática y solicitar tratamiento acorde a su naturaleza a distintos estamentos nacionales como al gerente general de CAMMESA, Esteban Kiper; al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; y al Secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.

Colofón

Tenemos la convicción de que los representantes de una Mesa Nacional que representa a 600 cooperativas que brindan el servicio de distribución de energía eléctrica más otros servicios públicos considerados esenciales, a más de 8 millones de habitantes, atendiendo la situación de los usuarios más vulnerables,en prácticamente todas las provincias en las que complementa la acción del Estado en su política de emergencia sanitaria, merece ser escuchado y apoyado por el mismo.

Las relaciones deben ser recíprocas y ante las dificultades de todo tipo que enfrentan las cooperativas, un estamento de funcionarios cuidadoso, debe apoyar y escuchar y hasta darles un trato especial a estas entidades sobre las que el gobierno sostiene sus políticas en la pandemia.