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COOPERATIVAS ELÉCTRICAS EN PELIGRO
A partir del relevamiento de un centenar cooperativas eléctricas de Argentina -la mayoría de ellas pertenecientes a Federaciones nucleadas en la CONAICE-, un reciente estudio en el ámbito de la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas- brindó un detallado informe sobre el estado operativo de estas entidades.
Jaqueadas por una profunda caída de la recaudación que se acentúo en los primeros meses de aislamiento por la pandemia del Covid-19, el estudio expone una serie de dificultades que exigen urgentes respuestas estatales para auxiliar a estas cooperativas que brindan servicios esenciales para las comunidades.
Informe desarrollado por el Ing. Mario Vitale, Gte. de FEDECOBA
Se basó en datos recabados entre abril de 2019 y julio de 2020 que fueron aportados por 114 cooperativas eléctricas y de servicios asociadas a las siguientes Federaciones: APEBA -Buenos Aires-; Creces -Buenos Aires-; FEDECOBA -Buenos Aires-; FICE-Buenos Aires-; FECESCOR -Córdoba-; FESCOE -Santa Fe-; FECOES -Neuquén y Río Negro-; FEPAMCO -La Pampa; FECHCOOP- Chubut.
Además de todas estas Federaciones que integran la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos -CONAICE-, también aportaron datos las cooperativas de distintas provincias nucleadas en FACE y COOPERAR.
Objetivos del análisis realizado
El estudio refirió en forma exclusiva al Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en el período indicado sin considerar el resto de los múltiples servicios que las cooperativas prestan a sus asociados y se propuso los siguientes objetivos:
Determinar la estructura de ingresos y egresos exclusiva de la prestación del servicio de distribución de la energía eléctrica; evaluar índices generales como cantidad de empleados por usuario, KWh consumida por cada usuario, costo laboral, entre otros; determinar el quebranto económico a partir del congelamiento tarifario vigente en nuestro país sumado al atraso de ajustes de ingresos, dependiendo de cada jurisdicción, desde 2018 o 2019; establecer el quebranto financiero derivado de la caída de recaudación y el impacto en las cooperativas de la declaración de emergencia sanitaria vigente desde el 20 de marzo de 2020 y, específicamente, la caída en la venta de energía eléctrica a partir de dicha medida sanitaria.
Asimismo, el estudio buscó evaluar la necesidad de auxilio o apoyo financiero por parte de los Estados para evitar la interrupción de la cadena de pagos que impida la prestación normal del Servicio Eléctrico con las consecuencias severas que ello implica en la vida de cada comunidad y brindar información para la toma de decisiones de los Estados concedentes.
Un duro diagnóstico
Entre las conclusiones, el informe destaca como la más relevante “el resultado del monto que las cooperativas vienen financiando sin obtener ayuda o colaboración de ninguno de los Estados -Nacional, Provinciales o Municipales-, pese a haber dado continuidad al servicio esencial y sin cortar los suministros por falta de pago desde marzo del corriente a la fecha.
En ese sentido, señala que queda demostrado que no solo requieren ser auxiliadas aquellas empresas afectadas por la pandemia -no esenciales- “sino también las esenciales que nunca dejaron de trabajar pero que, pese a que en la mayoría la facturación no ha decaído, su resultado económico y/o financiero ha sido negativo enfrentando quebrantos que nadie ha considerado ni reparado a la fecha”.
El Estudio subraya que el resultado bruto que rápidamente se convirtió en negativo durante el período de emergencia sanitaria devino de factores tales como el congelamiento tarifario; el incremento del costo laboral impactado por el DNU 14/20; el aumento de insumos básicos para prestar el servicio y la adecuación de los mismos a los protocolos establecidos en la emergencia y la caída de las ventas.
Además –advierte- en dicho período se manifiesta una caída de recaudación que fue creciendo mes a mes de abril a julio de 2020; promediando el cuatrimestre abril –julio en -27,6% cuando en el mismo periodo del año anterior la incobrabilidad se mantuvo por debajo del -2%.
“Es relevante considerar y tener en cuenta que los resultados operativos surgen de netear total de ingresos con total de gastos operativos realizados y que no incluye inversiones obligatorias ni sanciones o multas por mala calidad de servicio, ni amortizaciones, ni previsiones -incobrables, por jubilaciones, etc.- y que, pese a ello, en el periodo analizado igualmente se observa que es permanentemente negativo promediando un -17%de quebranto de caja”.
El informe puntualiza que, el 53 % de lo que ingresa se destina a pagar la factura de compra de la energía eléctrica distribuida a CAMMESA, en algunos casos, o a la empresa distribuidora provincial que las abastece. Y que luego, el 68% del 47% de ingresos restante se destina al pago de los salarios, resultando el saldo insuficiente para hacer frente a la prestación del servicio sin absorber quebrantos que, sin dudas, se compensan con endeudamiento -CAMMESA, trabajadores, fisco, asociados, inversiones, etc.-.
Un dato no menor que incluye el informe es que el 69% de las empresas cooperativas distribuidoras de energía eléctrica que fueron relevadas prestan servicios en comunidades con menos de 5.000 usuarios, lo que implica una baja densidad de usuarios con grandes extensiones de redes para abastecerlos, traduciéndose así en una “deseconomía de escala frente a otros prestadores con usuarios concentrados en grandes ciudades”.
A modo de ejemplo, se menciona que las cooperativas requieren un empleado cada 280 usuarios y que el consumo medio mensual por usuario es de 442 Kwh, incluyendo la totalidad del consumo industrial en dicho promedio. El costo laboral por empleado que surge de aplicar el CCT 36/75 vigente, en promedio, es de 203,048 pesos por mes.
Medidas urgentes
El análisis de los datos recabados y las conclusiones expuestas dan una dimensión del complejo panorama que atraviesan las cooperativas eléctricas del país. Al respecto, el informe cierra con la recomendación de adoptar “urgentes acciones tendientes garantizar la continuidad y normal prestación del servicio esencial”, entre las que enumera las siguientes demandas:
-Aporte del Estado para atender el quebranto global del Sector que, en tan solo un trimestre de estudio y para la muestra considerada de 114 cooperativas asciende a -$2.324.917.556 y en el periodo anual considerado el quebranto asciende a -$8.134.853.026, monto que equivale a 3,83 facturaciones mensuales de las cooperativas o el equivalente a 7,17 facturas de compra de la energía distribuida.
-Necesarias revisiones tarifarias a aplicar con suma urgencia ya que, como se ha demostrado, -sin considerar ingresos con destino a inversiones obligatorias, ni amortizaciones, ni previsiones, entre otras-, el VAD de las cooperativas expresa un atraso, promedio, del 38%.
-Considerando el total de ingresos necesarios para la normal prestación del servicio -incluyendo inversiones- dependiendo de qué provincia se trate se pueden observar necesidades de ajustes de VAD que ya están llegando al 100% de ajuste que se debería requerir al Estado concedente.
Ver Power point:
https://www.conaice.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-ANALISIS-DATOS-COOP-JULIO-2020.pdf
Fuente: CONAICE
