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En su dictamen, la procuradora fiscal expresó que a partir de las reformas dispuestas por la ley nacional 22.006 se intentó introducir una política uniforme adicional, armonizando la configuración técnica de los recursos tributarios reservados a las provincias, en particular los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, sometiéndolos a una serie de directrices en cuanto a sus características básicas.

El art. 2, inc. 2), de la ley 22.006 sustituyó el inc. b) del art. 9 de la ley 20.221 disponiendo que: “I. En lo que respecta a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, deberán ajustarse a las siguientes características básicas: Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias -incluso unipersonales-, civiles o comerciales, con fines de lucro…”. Esta redacción subsiste inalterada a la fecha, al haber sido recogida, bajo idéntico número de artículo, inciso y acápite, por la ley 23.548.

La indicación del “ejercicio de actividades empresarias -incluso unipersonales-, civiles o comerciales” seguida de los términos “con fines de lucro” no puede ser entendida como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que lo decisivo es la “finalidad” perseguida al desarrollar la actividad.

En otras palabras, carece de toda trascendencia el lucro o el quebranto, la ganancia o la pérdida, el beneficio o el perjuicio económico derivado del desarrollo de la actividad pues lo dirimente es el “propósito” perseguido por el sujeto al ejercerla.

Una postura contraria que margine el “fin de lucro” perseguido al desempeñar la actividad, implicaría prescindir del requisito fijado en la ley 23.548.

Lo cierto es que en Ley de Coparticipación se podría haber pactado la sujeción al tributo de toda actividad lucrativa o de la cual se derive un beneficio, prescindiendo del “fin” perseguido en su desarrollo, sin embargo, no se hizo.

Concluyó que la Provincia de Chaco al adherirse por medio de su ley local 3.375 sin limitaciones ni reservas a lo previsto en la Ley de Coparticipación aceptó la definición de actividad gravada en el impuesto sobre los Ingresos Brutos contenida en esa Ley-Convenio, que quedó así incorporada a su derecho público local y a la que no puede unilateralmente modificar o derogar.

Fuente: Legal Tax