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INTERNET: UN DERECHO QUE DA ACCESO A OTROS DERECHOS
A partir del 2024, estaba previsto que la red de fibra óptica se extendiera a otros 23 barrios, permitiendo el acceso a WiFi a unas 3.500 familias cordobesas. Sin embargo, la suspensión del financiamiento y la posterior disolución del Fondo Fiduciario de Servicio Universal dejaron trunco este proyecto fundamental.
La Mutual Mugica ha decidido llevar a la justicia la eliminación de este Fondo, que permitía llevar internet a barrios populares. Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), impulsarán una presentación judicial para revertir esta medida.
En la ciudad de Córdoba, la Mutual, a través de Ranchada IP, logró desarrollar con este Fondo una red de Internet que conectó a 24 barrios populares, brindando, por primera vez, internet de fibra óptica a 2000 familias. Este logro es testimonio de la importancia de la conectividad como herramienta de inclusión y acceso a derechos fundamentales.
La voz de Marco Galán, Presidente de Mutual Mugica
“Somos la organización que lleva adelante el proyecto Ranchada IP -Internet Popular-, y podemos asegurar que más de un millón de hogares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares tienen dificultades para acceder al agua, a la luz, a una vivienda digna y, por supuesto, a la conectividad. Por esta razón se creó el Fondo Fiduciario de Servicio Universal”.
Este fondo, financiado con el 1% del impuesto que pagan las empresas de telecomunicaciones, no representaba gastos para el Estado y permitía realizar inversiones claves en los 6.200 barrios registrados. No hay justificación alguna para su eliminación: “Dicen que es un mal gasto, que esa plata hace falta para otra cosa, pero eso es una barbaridad y mucho menos en este caso”.
La Conectividad: Un derecho Esencial
La pandemia expuso de manera crítica las desigualdades en el acceso a internet. La falta de conectividad de banda ancha impide el ejercicio de derechos fundamentales y dificulta el acceso a servicios esenciales que el Estado debería garantizar en igualdad de condiciones para toda la población.
El acceso a internet es tan esencial como el agua, la luz o el gas, ya que impacta directamente en la calidad de vida y la integración de comunidades enteras. Su ausencia limita oportunidades, desde la posibilidad de obtener un turno médico hasta el acceso al teletrabajo.
Asegurar la conectividad no es solo una cuestión de tecnología, sino de justicia social y acceso equitativo a los Derechos Humanos. Esto requiere compromiso político y decisiones orientadas a garantizar una sociedad más inclusiva y conectada.
Colofón
Según el dirigente Marcos Gálán, “existe la posibilidad de instar un recurso de amparo para garantizar la continuidad de este marco normativo y los programas del Enacom, respaldados por el aporte de las empresas”.
Hay noticias que iluminan más que una lámpara y nos llenan de esperanza. La Cooperativa Eléctrica de Abramo, en La Pampa, fue beneficiada con un aporte provincial de 10 millones de pesos para la adquisición de medidores inteligentes. Este avance no solo moderniza el servicio, sino que reafirma que la equidad es posible, incluso en las comunidades más pequeñas.
El financiamiento llegó a través del programa ACES (Apoyo Crediticio a Entidades Solidarias), con condiciones inmejorables: hasta 10 millones de pesos, un año de gracia y devolución en 24 cuotas a tasa 0. Este convenio fue firmado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, junto al presidente de la Cooperativa de Abramo, Silvio Emanuel Huizenga.
